El 16 de octubre de 2012, la
Comisión Interautonómica de Directores Generales de Infancia había acordado, de
forma provisional, no admitir nuevas solicitudes y tramitar exclusivamente las
anteriores a esa fecha. Las razones eran contundentes:
-Falta
de garantías sobre la adoptabilidad de los menores.
-Elevado
número de expedientes remitidos hasta entonces a Etiopía y pendientes de
asignación.
-Falta
de fiabilidad sobre la información que se recibe sobre los menores. Detección
posterior de información relevante omitida o inadecuada.
-Fragilidad
del sistema de tramitación de adopciones con una intervención determinante en
el mismo de los “orfanatos” etíopes y una participación del Ministerio etíope
sólo en una fase final del proceso.
Posteriormente, en la reunión de
la Comisión Técnica Interautonómica del 17 de marzo de 2016 se denunció el pago
de donativos a centros de menores (de ahí las comillas que se utilizaban cada
vez que aparecía la palabra orfanato), contrario a la legislación vigente. Al
solicitar la Dirección General información a varios países europeos confirmó
que éstos habían suspendido la tramitación de expedientes con Etiopía.
En abril de 2017, la Embajada de
España en Addis Abeba recibió información de las autoridades etíopes sobre la
decisión de interrumpir las adopciones ya que se habían recibido varias
denuncias en la oficina del Primer Ministro sobre casos de corrupción, lo que
motivó que diera orden de suspender esos trámites.
Cuando fui recabando información
sobre este tema me encontré con la triste realidad de la existencia de cinco
millones de huérfanos en el país. Las causas eran la guerra civil, la pobreza y
la enfermedad (del artículo de Theresa Stephens en www.ehowenespanol.com, Cómo adoptar a un niño en Etiopía). La
combinación de pobreza del país de origen con riqueza en el de destino era el
caldo de cultivo para que floreciera esa corrupción galopante que denunciaba
Rosa González en su artículo La “puja”
por adoptar un niño en Etiopía (publicado en la sección de Sociedad de El
Mundo el 19 de febrero de 2017).
La periodista informaba de la
angustia de esas familias españolas que habían gastado una pequeña fortuna y
muchos años de ilusiones y que se topaban con nuevas exigencias de dinero (casi
15.000 euros adicionales a lo ya pagado) y ninguna garantía. Aquello parecía un
timo de internet. Algunos pensaban que quizá estaban fomentando el robo de
niños. Para muchos, su deseo quedaba frustrado y sin alternativas viables ya
que su edad les cerraba el acceso a nuevas peticiones. Su paternidad se
esfumaba.
De poco sirven las convenciones,
los tratados y las legislaciones cuando al otro lado una mafia quiere controlar
un negocio.
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