Marionetas en un mercado de Samarcanda. Uzbekistán.
En época de Franco, la censura velaba
por el mantenimiento de una estricta moral que le llevó en determinadas
ocasiones a intervenciones tan absurdas que han pasado al acervo colectivo de
varias generaciones.
En la película Mogambo (con Ava Gardner, Grace Kelly y
Clark Gable, entre otros) el guión reflejaba un adulterio que debía ser
eliminado por todos los medios. Los censores alteraron los diálogos para
convertir a un matrimonio en dos hermanos demasiado bien avenidos,
transformando un adulterio en un incesto. Durante décadas, generaciones de
españoles se partieron de risa con tamaña ocurrencia. No sé si aún estará
disponible aquella “versión enriquecida”.
Cuando nos viene a la mente el
término censura lo asociamos indefectiblemente con un régimen totalitario. Por
eso, los Padres de la Constitución reflejaron en el artículo 20 el derecho a la
libertad de expresión y, en su apartado dos, consignaron la prohibición a
cualquier tipo de censura previa. El secuestro de publicaciones, grabaciones y
otros medios de información sólo sería posible en virtud de resolución
judicial. El poder ejecutivo debía pasar por el tamiz del poder judicial para
aplicar la censura.
Durante estas semanas de estado
de alarma se han intensificado las noticias falsas, las fake news, los bulos de toda la vida. En los medios de comunicación
tradicionales el control es infinitamente mayor, pero en redes sociales o en whatsapp el desmadre es inmenso y el
filtro inexistente. Tanto, que ha crecido hasta límites insospechados, con los
destinatarios especialmente sensibles o vulnerables, por utilizar un término
actualmente en boga.
En este ambiente se plantea la
posibilidad o necesidad de eliminar los bulos. El problema es por quién y cómo.
La primera pregunta es qué se considera como bulo o noticia falsa y para ello
el elemento quién parece esencial. Para unos puede serlo simplemente porque
ataca a su partido o tendencia. Para otros, se podría calificar como una información
silenciada que corre por cauces alternativos a los oficiales o tradicionales,
donde ha sido cercenada su difusión.
La Constitución nos remite a los
jueces, a quienes considera como un poder neutral. Porque lo más importante es
la objetividad: la decisión no puede estar contaminada por las instrucciones de
los superiores jerárquicos de la Administración. Si este cauce fuera
insuficiente por el crónico atasco de la judicatura y las circunstancias
actuales, se podría nombrar un comité de expertos auténticamente
independientes, algo que no parece entrar en los planes este Gobierno.
Pablo Iglesias ha manifestado en
múltiples ocasiones que los medios de comunicación sean públicos. Regresando a
la Constitución, en el artículo 20.3, se establece que “la ley regulará la
organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social
dependientes del Estado o de cualquier ente público… respetando el pluralismo
de la sociedad…” Es el pluralismo uno de los elementos que nos dan la pauta de
interpretación. Opinar de forma diferente es ejercicio de la libertad de
expresión. Y los que violan la ley con sus bulos serán juzgados y condenados
por los jueces.
Esa vía de control es la que
mostraba, por ejemplo, El Mundo: “La fiscalía abre una investigación por la
difusión de bulos sobre el covid-19 en redes sociales”. Es necesario, afirmaba,
perseguir la simulación de peligro, las calumnias e injurias a altas
instituciones del estado.
Más preocupante ha sido la
inclusión en la encuesta del CIS de una pregunta bastante polémica que entronca
con esa censura previa o con la utilización de medios tecnológicos en el
control de las ideas. La pregunta, bastante larga y por consiguiente difícil de
comprender en sus últimas consecuencias, dice así:
¿Cree usted que en estos
momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y
poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social,
remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que
hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?
Todos estaríamos de acuerdo en
prohibir la difusión de bulos. El problema está en la remisión de la
información que permitiría al Estado clasificar a los ciudadanos en afines y
contrarios. Significarse es siempre peligroso, con lo que ya estaría
estableciendo un freno a la libertad de expresión, e imponiendo indirectamente la
censura previa, impensable en un régimen democrático. El estado de alarma no
implica cesación de derechos.
En mi caso, me gustaría que mis
mensajes no fueran monitorizados y menos aún por una empresa afín al Gobierno,
como ha advertido la prensa en relación con la empresa Newtrall, de Ana Pastor,
que decide en relación con nuestros mensajes de whatsapp. Por cierto, el artículo 18 de la Constitución garantiza
el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial. Me cuido de ser
cauce de esos bulos.
Yo apelaría, con carácter
previo, al buen criterio de los ciudadanos, a no dejarse llevar por su
indignación o por su apoyo incondicional a una tendencia, a su espíritu
crítico. Vivimos un tiempo de sensacionalismo y las redes sociales parecen
sucedáneos de reality shows. El morbo
impulsa reacciones descontroladas que pueden ser muy dañinas.
Reflexionemos sobre el modelo de
información que queremos. Y luchemos por él.
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