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Yo me quedo en casa 42. Censura y noticias falsas.


Marionetas en un mercado de Samarcanda. Uzbekistán.

En época de Franco, la censura velaba por el mantenimiento de una estricta moral que le llevó en determinadas ocasiones a intervenciones tan absurdas que han pasado al acervo colectivo de varias generaciones.
En la película Mogambo (con Ava Gardner, Grace Kelly y Clark Gable, entre otros) el guión reflejaba un adulterio que debía ser eliminado por todos los medios. Los censores alteraron los diálogos para convertir a un matrimonio en dos hermanos demasiado bien avenidos, transformando un adulterio en un incesto. Durante décadas, generaciones de españoles se partieron de risa con tamaña ocurrencia. No sé si aún estará disponible aquella “versión enriquecida”.
Cuando nos viene a la mente el término censura lo asociamos indefectiblemente con un régimen totalitario. Por eso, los Padres de la Constitución reflejaron en el artículo 20 el derecho a la libertad de expresión y, en su apartado dos, consignaron la prohibición a cualquier tipo de censura previa. El secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información sólo sería posible en virtud de resolución judicial. El poder ejecutivo debía pasar por el tamiz del poder judicial para aplicar la censura.
Durante estas semanas de estado de alarma se han intensificado las noticias falsas, las fake news, los bulos de toda la vida. En los medios de comunicación tradicionales el control es infinitamente mayor, pero en redes sociales o en whatsapp el desmadre es inmenso y el filtro inexistente. Tanto, que ha crecido hasta límites insospechados, con los destinatarios especialmente sensibles o vulnerables, por utilizar un término actualmente en boga.
En este ambiente se plantea la posibilidad o necesidad de eliminar los bulos. El problema es por quién y cómo. La primera pregunta es qué se considera como bulo o noticia falsa y para ello el elemento quién parece esencial. Para unos puede serlo simplemente porque ataca a su partido o tendencia. Para otros, se podría calificar como una información silenciada que corre por cauces alternativos a los oficiales o tradicionales, donde ha sido cercenada su difusión.
La Constitución nos remite a los jueces, a quienes considera como un poder neutral. Porque lo más importante es la objetividad: la decisión no puede estar contaminada por las instrucciones de los superiores jerárquicos de la Administración. Si este cauce fuera insuficiente por el crónico atasco de la judicatura y las circunstancias actuales, se podría nombrar un comité de expertos auténticamente independientes, algo que no parece entrar en los planes este Gobierno.
Pablo Iglesias ha manifestado en múltiples ocasiones que los medios de comunicación sean públicos. Regresando a la Constitución, en el artículo 20.3, se establece que “la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público… respetando el pluralismo de la sociedad…” Es el pluralismo uno de los elementos que nos dan la pauta de interpretación. Opinar de forma diferente es ejercicio de la libertad de expresión. Y los que violan la ley con sus bulos serán juzgados y condenados por los jueces.
Esa vía de control es la que mostraba, por ejemplo, El Mundo: “La fiscalía abre una investigación por la difusión de bulos sobre el covid-19 en redes sociales”. Es necesario, afirmaba, perseguir la simulación de peligro, las calumnias e injurias a altas instituciones del estado.
Más preocupante ha sido la inclusión en la encuesta del CIS de una pregunta bastante polémica que entronca con esa censura previa o con la utilización de medios tecnológicos en el control de las ideas. La pregunta, bastante larga y por consiguiente difícil de comprender en sus últimas consecuencias, dice así:
¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?
Todos estaríamos de acuerdo en prohibir la difusión de bulos. El problema está en la remisión de la información que permitiría al Estado clasificar a los ciudadanos en afines y contrarios. Significarse es siempre peligroso, con lo que ya estaría estableciendo un freno a la libertad de expresión, e imponiendo indirectamente la censura previa, impensable en un régimen democrático. El estado de alarma no implica cesación de derechos.
En mi caso, me gustaría que mis mensajes no fueran monitorizados y menos aún por una empresa afín al Gobierno, como ha advertido la prensa en relación con la empresa Newtrall, de Ana Pastor, que decide en relación con nuestros mensajes de whatsapp. Por cierto, el artículo 18 de la Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial. Me cuido de ser cauce de esos bulos.
Yo apelaría, con carácter previo, al buen criterio de los ciudadanos, a no dejarse llevar por su indignación o por su apoyo incondicional a una tendencia, a su espíritu crítico. Vivimos un tiempo de sensacionalismo y las redes sociales parecen sucedáneos de reality shows. El morbo impulsa reacciones descontroladas que pueden ser muy dañinas.
Reflexionemos sobre el modelo de información que queremos. Y luchemos por él.

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