Palacio de Santoña. Madrid
El 31 de marzo los autónomos se
despertaron con el cargo de las cuotas de seguridad social en sus cuentas
bancarias. Habían clamado por la condonación de ese pago hasta que la situación
se normalizara y pudieran volver a la actividad que les permitiera generar
facturación con la que compensar ese gasto.
El Presidente del Gobierno, en
sus diversas comparecencias, ha reclamado unidad y lealtad, con lo que estoy
absolutamente de acuerdo. La unidad de acción es esencial para evitar
preocupantes acciones que puedan beneficiar a unos a costa del perjuicio de
otros.
Los ciudadanos han cumplido
mayoritariamente con las normas y los dictados emanados del Gobierno y de las
Cortes. Se han confinado, han procurado teletrabajar y adaptarse a esta nueva e
incómoda realidad, han sufrido la enfermedad desde sus hogares, han mantenido
el temple con dignidad. Han sido leales al país.
La unidad y la lealtad deben ser
bilaterales. El ciudadano responde con unidad y lealtad porque piensa que el
poder responderá de la misma forma, le ayudará, tomará decisiones y medidas
para favorecerle, para que pueda seguir adelante, para que salga de la crisis.
A fin de cuentas, el poder se alimenta de los ciudadanos, de sus votos, de su
trabajo que genera impuestos y que sustenta al Estado.
Los ciudadanos no son siervos.
No son seres inferiores. Esa unidad y lealtad se sustenta en la igualdad. Los
tiempos de los estamentos pasaron a la historia gracias al esfuerzo y la sangre
de nuestros antepasados. Que la crisis no sea una excusa para regresar a la
gleba, para segmentar entre los que gozan de privilegios y los que sólo tienen
obligaciones. Así se inician las revoluciones o así nacieron esos movimientos
populares como el 15-M que luego se han prostituido hasta convertirse en la
casta que habían denunciado.
Cuando esos tres millones
doscientos mil autónomos se asomaron al BOE el uno de abril y leyeron las
medidas del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que se habían anunciado a
bombo y platillo, se encontraron con un erial y escasos brotes verdes. Les
permitían aplazamientos o fraccionamientos, endeudarse con el aval del Estado,
flexibilizar sus contratos de suministro. Las medidas sociales y económicas eran
insuficientes. El ánimo de los autónomos, y de las pymes en general, quedaba
tocado. Días después se conocían los datos del paro en marzo, con un aumento de
830.000 nuevos inscritos. La Ministra de Trabajo trataba de convencernos con
argumentos pueriles de que los afectados por ERTEs no eran parados. Que se lo
pregunte a los afectados.
Más indignación causaban otras
noticias que se filtraban simultáneamente. Los parlamentarios estatales y
autonómicos (de éstos sólo algunos) se subían el suelo, ninguno renunciaba a
una parte de sus emolumentos (después anunciaron iniciativas particulares o de
partido), no renunciaban a sus dietas, aunque no se generen esos gastos, y un
largo etcétera de la punta del iceberg de la insolidaridad. Menos mal que
algunos ciudadanos ilustres (Amancio Ortega a la cabeza) se han movilizado y
han puesto sus medios al servicio de los que los necesitan. A pesar de ello,
habrá gente que les siga criticando.
Para colmo, se concedían quince
millones de euros a las televisiones privadas. Evidentemente, para que
mantuvieran una línea de información no hostil con el Gobierno.
Los sufridos ciudadanos no están
hechos de una pasta diferente a la de la casta. Salvo que en su composición sí
entraron como ingredientes la unidad y la lealtad.
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